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La carísima labia de Barata, la columna de Cecilia Valenzuela

La incapacidad que muestra el Estado propicia una cacería de brujas que puede terminar en una crisis nacional

Ayer nos enteramos de que Jorge Barata y los directivos de la constructora Odebrecht que corrompieron a funcionarios públicos y políticos peruanos, pagando coimas a los unos y dándoles plata para sus campañas a los otros, se han acogido al beneficio de la colaboración eficaz en el Perú.

La redacción de la nota periodística que hacía pública la noticia decía textualmente: “Barata está dispuesto a contar a quiénes, en realidad, se pagó los 20 millones de la Interoceánica Sur y los 8 millones del metro de Lima”.

¿Y las coimas por el gasoducto del sur? ¿Y las que se pagaron por la otra veintena de obras que, a lo largo de todo el país, se mal hicieron? Peor aun ¿y los sobreprecios que la infame constructora le impuso a cada una de las inversiones con el clarísimo objetivo de robarnos?

Cómo es posible que el fiscal Hamilton Castro firme un acuerdo preliminar con la empresa que ha embaucado al Estado con miles de millones de dólares, duplicando el valor de las obras a través de adendas ignominiosas, solo a cambio de información sobre las coimas; y nada sobre devolver el dinero que Odebrecht nos robó.

En Panamá, la fiscalía anunció hace unos días que la constructora pagará a ese país 59 millones de dólares como reparación por haber pagado sobornos a sus funcionarios. Todo eso sin perjuicio de las investigaciones que se vienen realizando en los despachos fiscales.

En el Perú, en cambio, la benevolencia del Ministerio Público peruano con la mafia brasileña ha permitido que en el texto del preacuerdo conste que Odebrecht “tuvo que pagar sobornos” que fueron solicitados por funcionarios peruanos. Ese aspecto es inaceptable: la coima no fue una necesidad de esa empresa para existir en el Perú; fue una inversión que realizó para poder cobrar los sobreprecios multimillonarios con los que se levantó los dineros del Estado.

En Brasil ya se probó que la mafia mercantilista actuó, en todo momento, aliada a la mafia política que administraba el Partido de los Trabajadores y el Foro de Sao Paulo, y que sus intromisiones en las campañas electorales –que no solo alcanzaron a América del Sur, también el Caribe y cuatro países del África– tenían como objetivo facilitar el acceso a los contratos, el caso del gasoducto del sur es revelador: eliminaron al competidor, dejaron a Odebrecht como postor único y el precio de la obra se quintuplicó.

La captura de Edwin Luyo, implicado en los sobornos pagados por la construcción del metro de Lima, ha sido manejada por la fiscalía mediáticamente, por eso la audiencia judicial se realizó y transmitió en vivo el domingo por la tarde; pero la verdad es que su parsimonia permitió que tres de los implicados pudieran fugar y que solo se atrapara al funcionario que menos había recibido.

Durante el gobierno de Valentín Paniagua, la fiscalía trabajó de la mano de la procuraduría y del Poder Judicial, y todas ellas junto a la Policía Anticorrupción liderada por el entonces ministro del Interior. Los fiscales y los procuradores de la época ofrecían información a los medios todos los días, y era evidente que había coordinación.

Ahora las autoridades no muestran iniciativa ni convicción y los delincuentes se fugan de la justicia.

Ahora la fiscalía ha excluido a la procuraduría de las investigaciones y el Ministerio de Justicia ni siquiera ha piteado.

La incapacidad que muestra el Estado propicia una cacería de brujas que puede terminar en una crisis nacional, a falta de información la especulación empieza a destruir personas e instituciones. Mientras Odebrecht se da el lujo de publicar un comunicado expresando “sus profundas disculpas por los graves errores cometidos” y manifestando su deseo de seguir operando en el Perú.

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